El 23 de febrero de 2017, Mateo Gutiérrez León, estudiante de sociología de la Universidad Nacional, fue capturado y acusado de instalar y detonar una bomba panfletaria en Bogotá, en hechos ocurridos en 2015.
Paralelo a su detención, fue presentado por los medios de comunicación como miembro del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) y responsable de más de una decena de atentados, incluida una explosión en el barrio La Macarena de Bogotá, ejecutada cinco días antes de la detención. Precisamente por la cercanía temporal del atentado, la captura fue presentada por el presidente Juan Manuel Santos como un “duro golpe al crimen” por parte de la policía y la Fiscalía, a pesar de que el hecho ni siquiera hacía parte del proceso.
Luego de casi dos años en prisión, en los que su nombre se convirtió en su alias, Mateo probó su inocencia y fue absuelto por un juez. Aunque su caso fue llamado ‘falso positivo judicial’, la etiqueta explica parcialmente su historia.
A Mateo se le imputaron los delitos de hurto agravado, concierto para delinquir, fabricación y porte ilegal de armas, y terrorismo. En casos similares también se ha imputado el delito de rebelión, siendo estos dos últimos (rebelión y terrorismo) los que más se suelen asociar a estudiantes como Mateo (que pertenecen a universidades públicas, que eventualmente militan con algún movimiento de izquierda, y que los organismos judiciales y medios de comunicación vinculan con grupos guerrilleros).
Según datos analizados por la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano y obtenidos de bases de datos de la Fiscalía General de la Nación, entre enero de 2000 y diciembre de 2022, en Colombia se abrieron, aproximadamente, 10.931 procesos judiciales a estudiantes entre los 14 y los 26 años de edad, por los delitos de rebelión y terrorismo*.
Del total de casos, el 42% se encontró en etapa de instrucción, el 34% en indagación y un 5% en investigación preliminar; es decir, el porcentaje más alto de los casos no llegó a una investigación. A juicio solo llegó un 5% de los casos y a ejecución de pena el mismo porcentaje.
Es decir, en 22 años, el Estado no ha logrado demostrar la culpabilidad del 95% del total de jóvenes señalados por rebelión y terrorismo, entre los que cuentan casos que ya se cerraron, unos pocos que esperan todavía un fallo, o que fueron declarados inocentes.
*Los casos revisados entre los años 2000 y 2018 corresponden a jóvenes entre los 15 y los 25 años de edad; y los casos del periodo 2019 - 2022 son de jóvenes entre los 14 y los 26 años, dado que la Fiscalía entrega ahora los datos por grupos etáreos.
Abril 2023, © Todos los derechos reservados