¿Qué queda de un cuerpo caído al que sus memorias le son arrebatas por los silencios del terror que hemos vivido? ¿Cómo tornar audible una voz enmudecida? ¿Qué escucha un cuerpo cuando está cayendo silenciado por la barbarie? ¿A qué suena un cuerpo que ha caído en medio de las violencias sistemáticas de los regímenes de escucha? ¿Por qué siguen cayendo cuerpos de estudiantes en el presente? Estas complejas preguntas las hace Jorge Wilson Gómez en el libro Ambos venimos de Morir: Susurros acechantes del estudiante caído.

En el libro, resultado de una investigación doctoral, se indaga la violencia letal contra los estudiantes en Colombia entre 1954 y 2022. El investigador se ocupa del concepto "estudiantes caídos" que hace parte del repertorio de la movilización estudiantil en el país. Es decir, un enunciado que define una especificidad de la violencia contra los estudiantes en la historia de Colombia y que se reconoce como acontecimiento en la memoria colectiva, a pesar de no tener claridad, en muchos casos, de quiénes, cuántos y en qué contextos se han presentado estas caídas.

Gómez asegura que buscó “rastrear nombres y fechas intentando dar cuenta de una intuición expresada en el hecho de no tener una clara dimensión de la tragedia que supone la muerte de jóvenes estudiantes en el país (…) Pero en la medida en que ahondaba en estos nombres, rastreaba acontecimientos y profundizaba en la historia de las movilizaciones y las motivaciones que dejaron rastros de caídos, la tragedia se volvió abismal”.

Para varios académicos y miembros del movimiento estudiantil, el asesinato del estudiante Gonzalo Bravo a manos de la guardia presidencial, en medio de una manifestación en 1929, es uno de los primeros rastros históricos del fenómeno del estudiante caído. “Como primera experiencia, la muerte de Gonzalo Bravo Pérez representa la represión de Estado a los movimientos estudiantiles aunque esas expresiones de represión están presentes en toda la historia de conformación del Estado nacional sobre otros movimientos sociales”, afirma el profesor Gómez en el documento Acontecimiento y escucha: revisión de estudios sobre el ‘estudiante caído’ y los movimientos estudiantiles en Colombia.

Desde el asesinato de Bravo el 7 de junio de 1929 en Bogotá, hasta el asesinato de Lucas Villa el 5 de mayo de 2021 en Pereira, Gómez cuenta 845 estudiantes caídos en toda la geografía nacional, a través de una base de datos elaborada por él y Luisa Fernanda Gómez, a partir de diversas bases de datos sobre violación a derechos humanos, archivos de prensa, textos académicos, literatura, poesía, músicas y obras plásticas, entre otras.

Del año 29 pasa al 45, y a partir de allí todas las décadas están marcadas por el asesinato y la desaparicón de estudiantes en el marco de protestas, paros, guerras de paramilitares y guerrilleros, y estatutos que validaron la detención y tortura de civiles.

Si a ese dato se suman 63 estudiantes asesinados, además de Villa, en el marco del estallido social que nació el 28 de abril de 2021 -registrados por Indepaz- más tres casos de 2022 rastreados a través de revisión de prensa, el resultado es 911 estudiantes caídos.