Las bases de datos consultadas no permiten revisar con detalle las ciudades o municipios en los que se presentan; y los vacíos en el registro de grado de escolaridad tampoco permiten dar cuenta de la real presencia del fenómeno en colegios y universidades. No obstante, conviene anotar que la revisión y seguimiento de casos particulares nos mostró que no es exclusivo de las universidades públicas (aunque se presenta con mayor frecuencia en ellas) y que también afecta a estudiantes de secundaria.

Sobre el tema, el sociólogo y profesor de la Universidad Nacional, Miguel Ángel Beltrán, señala que aún estamos en deuda con los estudiantes de secundaria víctimas del fenómeno, pues su reivindicación ha estado ausente en las marchas y memorias del movimiento estudiantil. Sin embargo, el caso de Dilan Cruz, asesinado por un policía del ESMAD, en las marchas de noviembre de 2019, días antes de graduarse de bachiller del colegio Ricaurte en Bogotá, puso el tema de forma tímida y pasajera en la opinión pública.

La revisión de casos particulares también da señas de un fenómeno urbano, que da cuenta de la presencia del conflicto más allá de lo que tradicionalmente se ha dicho sobre su carácter rural. “Nosotros llegamos a tener una presencia importante en los barrios, a través de la milicia”, comenta Carlos Antonio Losada, firmante de paz y hoy congresista por el partido Comunes. Este es un ángulo que todavía no se ha rastreado: cómo afectó la criminalización a los jóvenes de los barrios y las periferias urbanas, la penetración de la lucha estudiantil en los colegios y universidades privadas y, en suma, las características de estos jóvenes más allá de lo que tradicionalmente se dice de ellos (que son estudiantes de universidades públicas, la mayoría de ciencias humanas y sociales).

El rastreo sobre el carácter urbano del fenómeno también pone la mirada sobre temas que deben incluirse, como la presencia del ESMAD en las universidades, la infiltración de miembros de policía e inteligencia en grupos estudiantiles como el caso Lebrija lo evidencia, la presencia de grupos paramilitares en los campus, la constante amenaza y violación de Derechos Humanos al interior de los centros de estudio, la posibilidad de que los estudiantes accedan y manipulen explosivos. Todos son caras de la degradación del conflicto y muestra de que ser estudiante en Colombia es también una condición de alto riesgo.

Frente a este panorama complejo, la norma de quienes intervienen en el fenómeno ha sido el silencio. El Estado no solo calla, sino que actúa de forma criminal y contraria a la ley, incluso en alianza con grupos paramilitares; los medios callan y replican el discurso oficial, mientras los periodistas no ayudamos a explicar las fuerzas que mueven el fenómeno; y el movimiento armado calla en nombre de la lucha clandestina, con un silencio que sigue siendo cómplice aún en contextos en los que se establecen compromisos con la verdad, la justicia y la reparación, como lo es el proceso de paz con las Farc. A este listado de actores, el profesor Beltrán incluye a la academia de la que, dice, ha guardado silencio frente al fenómeno y lo ha asumido “como algo que no le atañe”.

No obstante, la Comisión de la Verdad puso el tema sobre la mesa a través de procesos de reconocimiento de ex combatientes paramilitares y miembros de la Policía Nacional, quienes de manera abierta confesaron perseguir, infiltrar y asesinar a estudiantes en la década del noventa y los primeros años del dos mil.

la tarea de documentación y sistematización no es fácil. Lo demuestran los vacíos en la información oficial, la amnesia del movimiento armado, la falta de presupuesto para trabajos de largo aliento, las omisiones de la academia y los robos de información a los movimientos sociales. “Hace algunos años se hizo muy juicioso el trabajo de sistematizar datos de jóvenes perseguidos o a quienes se le habían violado Derechos Humanos. Pero una noche entraron a robar la casa y se perdió ese archivo. Fue un robo muy raro. Se pierde muchísima información”, denuncia Ana María Nate de la Juco.