Si bien es cierto que las noticias tienen varios tiempos, es ingenuo pensar que las audiencias de los medios de comunicación funcionan del mismo modo. En épocas de clicks y flujos de información grandes y veloces, es poco lo que queda de las noticias más allá del impacto de los primeros titulares. Las fuentes lo saben y se aprovechan de ello. Y los medios, que también lo saben, optan por sacrificar la información completa en favor de la inmediatez.

Diana Salinas, codirectora del medio independiente Cuestión Pública, cuyas investigaciones fueron clave en las denuncias sobre detenciones arbitrarias a jóvenes en el estallido social de 2021, dice que “la mirada de los grandes medios - los oficialistas, los tradicionales- fue un cubrimiento típico basado en narrar el número de desmanes causados por la protesta social, con el fin, quizás, de deslegitimar un poco la idea de protesta (...). Lo que intentaron los medios fue también probar la tesis del gobierno de ese momento que se basa en que unos grupos armados de disidencia se iban a tomar el país”.

Esto no es nuevo. Una revisión de prensa sobre las masivas jornadas de movilización en 2011 para derogar la Ley 30 de educación superior, revelan que el cubrimiento de prensa viene acompañado de titulares que denuncian infiltración de grupos armados en las universidades, capturas de estudiantes, accidentes con explosivos (cuyas circunstancias nunca se aclaran desde lo judicial), entre otros. Además, las denuncias e informaciones se sustentan únicamente en fuentes oficiales e informes de inteligencia. Es decir, son artículos sin contraste de fuentes. En ellos, los estudiantes no tienen voz.

Lo mismo ocurre con el reporte del grupo armado con el que se asocia a los jóvenes capturados. Llama la atención cómo ante los medios de comunicación este es un dato relevante. Mateo, por ejemplo, fue relacionado con el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), un grupo poco conocido que los medios asocian con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, no solo la base de datos no da cuenta del supuesto vínculo, sino que la Fiscalía no logró probarlo en el proceso. De hecho, miembros de la policía de la seccional antiterrorismo de la SIJIN admitieron en el juicio que no tenían elementos para hacerlo.

Los medios replican y complementan las acusaciones. Sobre Mateo, la revista Semana publicó en diciembre de 2017 el artículo “Cartas explosivas”, en el que presentaba una serie de argumentos y presuntas pruebas de que Mateo seguía delinquiendo, ahora desde la cárcel. En él también se le vinculaba con los jóvenes investigados por el atentado al centro comercial Andino quienes, supuestamente, también hacían parte de la red del MRP.

“Yo estando en la cárcel fui víctima de dos montajes: el primero, cuándo después de un operativo que hizo la seccional antiterrorismo de la Policía-SIJIN, en complicidad con el INPEC, ingresan al patio dónde estábamos viviendo varios presos políticos universitarios y, supuestamente, exponen elementos míos, varios de los cuales no lo son. Pero exponen especialmente una carta que yo le había escrito a un amigo que vive en Cuba, es cubano, miembro del partido comunista cubano. Y dicen que supuestamente eso hace parte de una red de terrorismo internacional (ríe). Evidentemente eso no tuvo trascendencia judicial. Era una carta muy coloquial. La carta que uno le escribe a cualquier amigo al que yo le agradecía por haberme hospedado en su casa”.

Sobre el episodio, el periodista , Ricardo Calderón, afirmaba, cuando estaba en la revista Semana: “nunca hemos tenido en esto que hacer ninguna rectificación, justamente por la contundencia de las pruebas que hemos logrado conseguir, entre esas, por ejemplo, eso de las cartas”. Aracely León, madre de Mateo, replica: “Si revista Semana tiene pruebas de que mi hijo está delinquiendo desde la cárcel modelo, ¿por qué no colocó la denuncia? ya que es obligación de todo ciudadano denunciar los hechos ilícitos de los que se entera”.

La afirmación de León se debe a que la Fiscalía mencionó en las audiencias que gracias a revista Semana sabían que Mateo seguía delinquiendo. Aún así, la tesis tampoco se pudo probar. Lo que denuncian Aracely y otros familiares de jóvenes en circunstancias similares, como los procesados por el caso Andino, es que la Fiscalía pretende presionar a los jueces a través de los medios.